Descripción
El derecho a la investigación y el derecho de investigar son dos conceptos que, si bien están estrechamente relacionados, presentan matices distintos que merecen ser analizados. Tradicionalmente, se ha entendido el derecho a la investigación como reconocimiento de la libertad y autonomía de los individuos para llevar a cabo estudios y explicaciones de diversos campos del conocimiento, ya sea en el ámbito científico, social, cultural o tecnológico en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, garantiza que todas las personas tengan la posibilidad de buscar, recibir y difundir información y conocimientos.
Sin embargo, en las últimas décadas, ha surgido una perspectiva complementaria que enfatiza el derecho a investigar. Este enfoque va más allá de la mera libertad individual de llevar a cabo investigaciones y pone énfasis en la responsabilidad colectiva de la sociedad en promover y proteger el proceso de investigación en sí mismo. En otras palabras, no se trata solo de garantizar que las personas tengan la facultad de investigar, sino también de crear las condiciones adecuadas para que la investigación pueda concluirse de manera efectiva, ética y transparente.
En este contexto, el derecho de investigar implica el acceso equitativo a recursos y financiamiento para la investigación, la protección de la integridad y la ética en la investigación, así como la promoción de una cultura de colaboración y apertura en el ámbito científico y académico. Además, reconoce la importancia de fomentar la diversidad y la inclusión en la comunidad investigadora, garantizando que todas las voces y perspectivas sean tenidas en cuenta en el proceso de generación de conocimiento.
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